PROGRAMA 19
DE SEPTIEMBRE
VOCES
VIEIERNES
SANTO DGO
ESTE
uando un
gobierno municipal abre sus libros, da a conocer sus ingresos y egresos, y
rinde cuentas claras a sus ciudadanos, demuestra no solo compromiso con la ley,
sino también respeto por sus electores y por todos los munícipes.
Sin embargo,
en Santo Domingo Este, bajo la administración del alcalde Dio Astacio, la
opacidad parece ser la norma, no la excepción.
Esta actitud
levanta serias dudas sobre la pulcritud en el manejo de los fondos públicos y
genera un manto de desconfianza que el propio Astacio parece cultivar con su
silencio.
Hace apenas
unos meses, el exalcalde Manuel Jiménez señaló en un programa radial que la
característica más destacada de la gestión de Astacio es su opacidad.
No se trata
de una acusación ligera, sino de una observación respaldada por hechos
concretos.
Un ejemplo
claro es la negativa del Ayuntamiento de Santo Domingo Este a entregar
información solicitada por el munícipe Surun Hernández y la Fundación Primero
Justicia, amparados en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
Fue
necesario que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) interviniera, ordenando
mediante sentencia la entrega de los datos sobre ingresos y egresos desde mayo
de 2024 hasta mayo de 2025.
Si todo
fuera transparente, ¿Por qué la negativa? ¿Qué se oculta tras las puertas
cerradas del Ayuntamiento?
Esta no es
una excepción aislada.
Como
ciudadano, también he experimentado la misma resistencia al solicitar
información sobre los contratos de publicidad otorgados desde noviembre hasta
la fecha. ¿A quién beneficia este secretismo? ¿Por qué el Ayuntamiento se niega
a revelar a quiénes se les asignan estos recursos?
l
La gestión
de Astacio se defiende tildando de difamación cualquier crítica, pero son sus
propias acciones las que alimentan la percepción de oscurantismo.
Una
administración que se jacta de honestidad no debería temer mostrar sus cuentas,
detallar sus contratos ni responder a las solicitudes legítimas de los
ciudadanos.
Al
contrario, debería enorgullecerse de exhibir una gestión cristalina.
Sin embargo,
el patrón de negación y evasión sugiere que hay algo que no quieren que
sepamos.
La
transparencia no es un lujo, es una obligación.
La Ley
200-04 de Libre Acceso a la Información Pública existe para garantizar que los
ciudadanos tengamos acceso a la información que nos pertenece, porque los
fondos públicos no son propiedad de Dio Astacio, sino de la gente.
Cuando un
funcionario se esconde tras excusas o silencios, no sólo viola la ley, sino que
traiciona la confianza de quienes lo eligieron.
¿Es esta la
actitud de alguien que se precie de ser honesto? Dio Astacio tiene la
oportunidad de cambiar esta narrativa.
Puede abrir
las puertas del Ayuntamiento, entregar la información solicitada y demostrar
que su gestión no tiene nada que ocultar.
Pero
mientras persista en su postura de secretismo, los ciudadanos de Santo Domingo
Este seguiremos preguntándonos; ¿qué esconde?
La
respuesta, por ahora, está enterrada bajo un velo de opacidad que solo la
transparencia puede disipar.
JUSTICIA
CON JULIO BENZAN
MONTE PLATA (República
Dominicana).- Los jueces del Tribunal Colegiado de esta provincia
condenaron a 20 años de prisión al exalcalde de Bayaguana Nelson Osvaldo Sosa
Marte (Opy), autor intelectual del crimen del regidor de Bayaguana Renato de
Jesús Castillo, ocurrido en 2014.
Tribunal de
Monte Plata reserva fallo en caso de asesinato del regidor Renato Castillo
Monte Plata.
– El Tribunal Colegiado de la jurisdicción judicial de esta provincia se
reservó para el próximo 22 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, la lectura
del fallo sobre el asesinato del regidor Renato de Jesús Castillo, ocurrido
hace 11 años, el 25 de junio de 2014.
Por este
hecho fueron implicadas siete personas, de las cuales cuatro ya cumplen
condenas de 30 y 20 años de prisión. Sin embargo, tres permanecen en libertad,
entre ellos el exalcalde del municipio de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa, mejor
conocido como Opi, acusado de ser el presunto autor intelectual del crimen.
Durante la
audiencia, la viuda del regidor, Raisa Acosta, pidió al tribunal imponer la
pena máxima a los responsables, señalando que mientras los ejecutores
materiales ya están condenados, falta que se haga justicia contra quien habría
pagado y ordenado el asesinato de su esposo.
En las
afueras de la Fiscalía, amigos y familiares del fenecido edil realizaron un
piquete en reclamo de justicia y para exigir que este crimen, que estremeció a
toda la provincia Monte Plata, no quede impune.
