Tte. coronel piloto ERD. (DEM).
Se hace necesario investigar si la jurisdicción penal militar cumple con los principios procesales de independencia e imparcialidad, dentro de la función jurisdiccional de administrar justicia, debido a los numerosos cuestionamientos que ha tenido esta jurisdicción, a nivel nacional.
El acelerado proceso de transformación y modernización institucional que en tan sólo dos años y cuatro meses se observa en las distintas dependencias de la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (DIGEV) es algo revolucionario.
Lo que se vive y se siente en esa entidad formativa a partir de la designación del Mayor General del Ejército, Juan José Otaño Jiménez, es considerado por propios y extraños como una gestión histórica.
El plan de trabajo que se desarrolla en esa institución es abarcador, es un proceso que se lleva a cabo de forma integral, con la finalidad de impactar a todas las áreas operativas de los 32 recintos que están funcionando en todo el país.
Esa instancia técnico vocacional adscrita al Ministerio de Defensa ha sido convertida en un espacio inclusivo como nunca antes, la demanda de cupos para estudiar de parte de la población es cada vez más alta.
Para que tengamos una idea esa institución en tan solo 28 meses que lleva Otaño Jiménez, han sido graduados más de 100 mil nuevos técnicos, lo que constituye el 25% del universo de graduados en sus 56 años de fundación. La DIGEV desde 1966 ha graduado más de 400 mil ciudadanos.
Pero hay más, el nivel de empleabilidad y emprendimiento se ha incrementado de manera exponencial, de los 100 mil egresados, unos 21 mil técnicos han sido colocados en el mercado laboral, 14 mil de ellos en empresas públicas y privadas y 7 mil crearon sus propios negocios. Lo que allí se vive es un relanzamiento de esa entidad, que ya dejó de ser un espacio de formación para militares y policías.
