MINISTERIO PUBLICO: sigue ofreciendo información que llevan a complicarle a los Medina..
....Desde la designación de Luis
Ernesto de León Núñez, cuñado del expresidente Danilo Medina, como
administrador General de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este
(EDEESTE) el 17 de agosto de 2012, esa institución actuó como una red de crimen
organizado que operó hasta el 2020 como si “fuera un feudo liderado por algunos
de los miembros del Clan Medina Sánchez”.
Así lo establece la Procuraduría General de la República en el expediente
acusatorio contra los implicados en el caso Antipulpo, donde el principal
implicado es el hermano del exmandatario, Alexis Medina Sánchez.
De León Núñez, esposo de Magaly Medina Sánchez y nombrado por
Danilo Medina bajo el decreto 642-12, no está detenido por este caso, pero está
siendo investigado de acuerdo al documento, ya que “sirvió de plataforma para
que los acusados Juan Alexis Medina Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal
Vernavel Méndez Pineda y Domingo Antonio Santiago Muñoz, les fueran adjudicados
quince (15) procesos de compras ilegales, contrataciones en perjuicio de los
fondos públicos, que, como administrador, Luis Ernesto de León Núñez tenía el
deber de resguardar”.
En el documento acusatorio la Procuraduría dice que el grupo
“instauró un esquema fraudulento que consistió en crear necesidades en torno a
la adquisición de materiales eléctricos, caracterizados por procesos de compras
sobreevaluados, el pago de soborno, el acceso a las informaciones
confidenciales previas a las convocatorias y las invitaciones simuladas hechas
a otros oferentes”.
Estos procesos de compras fueron adjudicados a las empresas
United Suppliers Corporation, S.R.L., General Supply Corporation, Wattmax
Dominicana, S.R.L y Globus Electrical, controladas por Juan Alexis Medina
Sánchez. Las mismas manejaron un monto “a raíz de procesos ilícitos”
ascendentes a RD$938,795,357.91.
“Estos hechos evidencian la ilicitud de los procesos de compras
y contrataciones y permitieron que entramado se le adjudicaran procesos de
compras con precios sobrevaluados que sirvieron para estafar al Estado Dominicano
con RD$447,004, 957.97. Tal cual queda recogido en el informe de cámara de
cuentas y el informe financiero emitido por Inacif”, dice la acusación.
La Procuraduría General de la República, establece que estos
procesos eran captados debido al pago de sobornos, el abuso de poder, al
tráfico de influencia, asociación para delinquir y la información privilegiada
que manejaban los integrantes del grupo Juan Alexis Medina Sánchez respecto a
las contrataciones que le fueron adjudicadas.
El Ministerio Público acusa
a la empresa Domedical Supply SRL, vinculada a Juan Alexis Medina, principal
acusado del Caso Antipulpo y hermano del expresidente de la República, Danilo
medina, de ser beneficiaria de millonarios contratos por la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) mediante resoluciones de supuestas
declaraciones de urgencia y con una “falsa exclusividad”.
A pesar de no poseer la
capacidad técnica ni operativa para suplir los equipamientos requeridos para
más de 54 hospitales, la empresa resultó ganadora de unos siete contratos por
la suma de RD $1,596,465,843.19 mediante resoluciones que sirvieron de
justificación para la consecución de los desembolsos.
El Ministerio Público
afirmó en el documento que la Oisoe había cumplido con lo estipulado en la ley
de compras y contrataciones, en relación a contratistas particulares. Pero con
Juan Alexis Medina y Domedical Supply no sucedió así.
“Los acusados Francisco
Pagán Rodríguez, Aquiles Christopher Sánchez, Víctor Matías Encarnación Montero
y Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, para favorecer al entramado societario
del acusado Juan Alexis Medina Sánchez y su compañía Domedical Supply SRL,
omiten todos los procedimientos legales”, dicen los fiscales en el informe
depositado el pasado viernes ante la jueza Kenya Romero.
Para lograr violar los
procedimientos, la institución emitía por cada contrato una “resolución
administrativa”, con las que buscaban justificar la contrataciones directas,
sin realizar los procesos que establece la referida ley.
Modus operandi
Luego de que en 2015 se
redactara un acuerdo de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), el Servicio Nacional de Salud (SNS)
y la Oisoe, se cedió a Pagán la toma decisiones para la construcción,
reparación y mantenimiento general de los centros hospitalarios contemplados en
el plan.
El proceso ilegal de
contratación iniciaba con la realización de un presupuesto por cada
adjudicación, los cuales eran “siempre aprobados” por el director técnico de la
Oisoe, Víctor Matías Encarnación, conocido también como “La Boya”.
El ingeniero Leónidas
Valdez y, a veces, el acusado Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez eran los
responsables de la volumetría, mientras que Domedical Supply SRL fungía como
empresa contratista en el proceso.
Luego, el mismo era
“aceptado conforme” por el representante de Domedical Supply SRL, el acusado
José Dolores Santana Carmona.
“La realidad de estos
presupuestos es que eran preparados por el acusado Juan Alexis Medina Sánchez
junto a José Dolores Santana Carmona y firmados por los miembros del entramado
de corrupción como una formalidad, sin verificar precios del mercado con otros
suplidores”, explican los fiscales.
Posteriormente, el director
técnico enviaba el presupuesto a Francisco Pagán Rodríguez, director general de
la Oisoe, quien procedía a emitir, sin calidad para esto, unas supuestas
resoluciones administrativas que eran redactadas por la directora jurídica,
Lina Ercilia de la Cruz Vargas, en asociación con Pachristy Emmanuel Ramírez
Pacheco, ambos acusados.
El documento indica que con
estas resoluciones buscaban justificar la contratación directa de Domedical
Supply SRL, “sin realizar ningún proceso legal de contratación” para equipar
los hospitales Toribio Bencosme en la provincia Espaillat; Cristo de los
Milagros en Bayaguana; Francisco Gonzalvo de La Romana; 8 hospitales en la Provincia Duarte y de
equipos de Imágenes médicas en 54 hospitales de todo el país; también al
hospital Universitario Doctor José María Cabral y Báez y del hospital Infantil
Regional Doctor Arturo Grullón, ambos en Santiago de los Caballeros.
Los contratos eran
finalmente suscritos días después, sin haber pasado un tiempo prudente para la
comparación de los presupuestos con los precios del mercado ni para poder
verificar la real capacidad de la empresa Domedical Supply SRL para suplir los
equipos de referencia.
“Eso demuestra lo amañado
de la contratación, pues dicha empresa no contaba con la logística, ni
disponibilidad de los equipos que llegó a entregar, sino que luego de habérsele
realizado los anticipos de pagos comenzó a comprar los equipos médicos fuera
del país, según se puede evidenciar en la certificación aportada por la
Dirección General de Aduanas”, sostienen los miembros del órgano persecutor.
Ante esa realidad, los
fiscales consideran que la real “causa de excepción” para la contratación de la
empresa atribuida a Juan Alexis Medina Sánchez, era su lazo de sangre con el
exprimer mandatario de la nación.
Hospitales
Durante el discurso de
rendición de cuentas del 27 de febrero de 2013, el exmandatario Danilo Medina,
declaró de alta prioridad para su entonces reciente gestión la reconstrucción y
remodelación de centros de atención médica en casi todo el país.
Asimismo, aseguran que la
sociedad Domedical Supply SRL se había fundado unos meses antes justamente para
aprovecharse de esta oportunidad de contratación brindada por el Estado.
“Un proyecto que se vendió con un
fin loable, pero que degeneró en un caldo de cultivo para actos de corrupción y
oportunidades de negocios turbios con el Estado para cuyo aprovechamiento,
meses antes, se había fundado la sociedad Domedical Supply SRL, propiedad del
acusado Juan Alexis Medina Sánchez”, describen los fiscales.
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