¿Quién se anima?

 Alberto Quezada

El Comisionado para la Implementación de los Planes, Estrategia, y Política de Transformación y Profesionalización de la Policía, José Vila del Castillo, acaba de lanzar una “bomba” cuyos fragmentos letales, al parecer, han molestado a algunos sectores y actores vinculados a la Policía de administraciones anteriores.

Lo planteado por el Comisionado, sin dudas, que ha estremecido ciertos sectores de opinión pública y algunos ex jerarcas policiales. Tan ofendidos han reaccionado esos sectores que han hecho pública su intención de demandar al asesor español, declararlo persona no grata y otras caricias por el estilo.

Pero para poner en contexto extraigo algunos fragmentos que consideremos han sido los elementos más importantes y contundentes que han generado la referida controversia. El asesor policial Vila del Castillo al participar en el seminario internacional sobre Seguridad Ciudadana, en la Biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), manifestó que en ese cuerpo del orden había una corrupción interna institucional y sistémica, dirigida desde la propia Dirección General hasta el último raso.

Pero agrega más adelante “Lo digo así de claro: una corrupción histórica, sistemática, llevada de un director a otro, impulsada desde la cabeza, obligando al último raso a pertenecer a ella”. “Todos los que no pertenecían al sistema fueron apartados, perseguidos o enviados a pequeñas oficinas”.

Destaca, además, que durante su más de 10 meses que lleva trabajando en ese proceso ha desmontado una estructura que cobraba por nombrar en los puestos policiales, decidir los traslados, los ascensos, cobrar las pensiones, renovar los uniformes y las armas nuevas, así como otras irregularidades.

Ante esa información revelada, la cual no es nueva, yo pienso, me pregunto, y digo. ¿Es mentira, infamia o calumnia, lo relatado por el experto español?.

De igual manera, pienso, me pregunto, y digo. ¿Estarían esos sectores que se sienten aludidos en condiciones y ánimo de acudir ante el Ministerio Público para ser sometidos de manera voluntaria al ejercicio jurídico denominado el fardo de las pruebas para de esta manera despajar toda duda sobre sus conductas policial y gerencial?