La Corrupción en los Tribunales: Entre el Éxito Histórico y la Prudencia Jurídica
El reciente dictamen que impone 20 años de prisión a varios militares en un caso de corrupción administrativa marca, sin duda, un hito en la historia judicial dominicana. Sin embargo, en el ejercicio periodístico y en el análisis responsable, estamos obligados a mirar más allá del titular inmediato. Aunque la sociedad civil celebre este fallo como una victoria contra la impunidad, la realidad jurídica nos manda a la prudencia. Este proceso aún no ha concluido; queda por delante el camino de la apelación, un terreno donde la pericia de buenos abogados defensores y la búsqueda de subterfugios legales podrían variar el panorama. En materia de derecho, nada es definitivo hasta que exista una sentencia irrevocablemente juzgada.
Llevar un caso de corrupción a los tribunales y lograr una condena es una de las tareas más complejas del sistema judicial. La historia política del país está llena de lecciones al respecto. Recordamos cómo en su momento, el doctor Marino Vinicio Castillo "Vincho", un jurista de un colmillo incuestionable y una perspicacia única, se empleó a fondo en un juicio contra el director de Inespre del gobierno de Salvador Jorge Blanco. A pesar de su experiencia y del peso del debate público de la época, la rigurosidad probatoria exigida por los tribunales impidió demostrar la culpabilidad penal que se alegaba, al punto de que el propio acusador terminó enfrentando penalizaciones. Si mentes jurídicas tan brillantes, respaldadas por expedientes de miles de páginas, pasan tanto trabajo para sostener una acusación en los tribunales, queda demostrado que la justicia no se nutre de intenciones, sino de pruebas irrefutables.
Esta realidad jurídica debe servir como una seria advertencia para quienes, de manera alegre y desbocada, utilizan las redes sociales para destruir reputaciones. Hoy en día abundan los "opinólogos" que, careciendo de la más mínima prueba o sustento documental, llaman ladrón al presidente de la República o acusan a funcionarios y ciudadanos comunes con total ligereza. El debate público no puede seguir siendo un tribunal de linchamiento moral basado en el chisme. La libertad de expresión es un derecho sagrado, pero la difamación es un delito, y la ciudadanía debe entender que el derecho penal exige un rigor que las pasiones de las plataformas digitales no tienen.
El escenario para estos detractores de oficio está a punto de cambiar de manera drástica. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal el próximo mes de agosto, el marco jurídico dominicano se robustece y muchas de estas conductas que hoy se quedan en el aire serán severamente penalizadas. Las cosas necesariamente van cambiando en la República Dominicana y tienen que cambiar para bien. Este histórico fallo contra altos rangos militares es un ejemplo de que los vientos institucionales soplan en otra dirección, pero también es un llamado a la madurez social: la justicia se hace en los tribunales con expedientes bien instrumentados, no con discursos deslenguados en las redes sociales.
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