. Como los inversionistas italianos (y en otros casos, empresas locales que quebraron)
dejaron de
pagar impuestos, abandonaron los procesos judiciales o simplemente no pudieron
demostrar la vigencia de sus derechos frente a las nuevas leyes inmobiliarias,
el Estado dominicano —a través de Bienes Nacionales y el CEA (Consejo Estatal
del Azúcar)— ha procedido a declarar esas tierras como "Patrimonio del
Estado".
2. El Estatus Actual: "Reserva de Desarrollo"
Tras los desalojos masivos, el estatus legal de esas parcelas es de
custodia estatal. Sin embargo, el destino final que se les está dando se divide
en tres vertientes:
Proyectos de Vivienda Estatal: El gobierno ha anunciado que parte de esos
terrenos recuperados se utilizarán para proyectos como "Familia
Feliz" o viviendas de bajo costo, pero ya bajo planificación oficial y no
por ocupación espontánea.
Venta a Precio de Mercado: Bienes Nacionales está en proceso de sanear los
títulos para vender estas tierras a desarrolladores inmobiliarios privados que
sí tengan la capacidad de construir de manera legal y organizada.
Titulación para los que califican: En algunos casos (muy pocos), se está
intentando regularizar a familias que tienen décadas allí, pero la mayoría de
los desalojados recientes no entran en este grupo.
3. La Controversia: ¿Para quién es la tierra?
Aquí es donde puedes meter el dedo en la llaga en tu comentario:
El argumento oficial: El doctor Burgos Gómez sostiene que se está
"limpiando" la zona de invasores y mafias de terrenos para que el
Estado pueda disponer de sus activos.
La crítica social: Muchos sectores cuestionan si el Estado está sacando a los pobres que fueron engañados (muchas veces por gente vinculada al "Poli") para luego venderle esos mismos terrenos a grandes grupos económicos o nuevos inversionistas, ahora que el área tiene más valor por su cercanía a la ciudad y al aeropuerto
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