viernes, 15 de mayo de 2026

ISIS NUÑEZ, MAGISTRADA D. N.

 

A LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIA ENCAEZADO POR

 el Magistrado Luis Henry Molina Peña. 

​QUIEN OCUPA simultáneamente los dos cargos de mayor jerarquía del sistema judicial:

​Presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ): Máxima autoridad jurisdiccional (en los juicios y casaciones). 

​Presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ): Máxima autoridad administrativa y disciplinaria (el órgano que maneja el presupuesto, los seguros médicos y las licitaciones cuestionadas DECLARACIONES DE LA JUEZA ISIS NÚÑEZ

​La magistrada Isis Núñez, jueza de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,.

​Según la magistrada Núñez, el Poder Judicial de la República Dominicana atraviesa "una de las crisis más graves de su historia", la cual lleva años gestándose debido a la falta de escucha de la actual administración y a una serie de graves irregularidades.

​Los Puntos Clave de la Denuncia:

​Gastos Exorbitantes: Denuncia la compra de boletos aéreos en primera clase por montos superiores a los 400 mil pesos por parte del Consejo del Poder Judicial.

​Privilegios en Seguros Médicos: Revela la existencia de seguros internacionales irregulares para hijos mayores de edad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, un beneficio que no reciben los jueces de categorías inferiores ni siquiera para sus hijos menores de edad.

​Falta de Transparencia Inmobiliaria: Cuestiona operaciones millonarias no transparentadas, citando específicamente la compra del Hotel Cervantes y la posterior cesión de este inmueble y de terrenos del Poder Judicial a Bienes Nacionales, a cambio del edificio del Registro Inmobiliario (un inmueble que el Poder Judicial ya usufructuaba desde hacía años). Por este caso, ya se solicitó formalmente una auditoría a la Cámara de Cuentas.

​Conflictos de Intereses en Licitaciones: Afirma poseer documentos que demuestran que empleados administrativos del propio Poder Judicial han participado y resultado ganadores en licitaciones públicas para la compra de equipos tecnológicos dentro de la institución.

​Conclusión de la Magistrada: Las demandas de mejora salarial y condiciones laborales de los servidores judiciales son totalmente legítimas; sin embargo, la lucha del sector no debe limitarse únicamente a lo económico, sino enfocarse en transparentar y corregir los males que están debilitando los cimientos del Poder Judicial.

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