Publicaciones realizadas por los periodicos Listin Diario y Diario Libre
Una declaración de bienes que no se corresponde con la realidad y que fue supuestamente usada como una especie de meta que alcanzar tras su llegada a la administración pública, forman parte de los alegatos que plantea el Ministerio Público (MP) contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, en la acusación formal con solicitud de apertura a juicio para el caso Medusa.
El organismo plantea que Rodríguez declaró bienes por doscientos veinte millones quinientos ochenta y seis mil ciento treinta y siete pesos con cuarenta y siete centavos (RD$220,586.137.47) para “presentar una falsa fortuna que en realidad no tenía”.
En ese sentido, indican que se trata de una evidencia que apunta hacia la intención del imputado para obtener riquezas de las arcas del Estado.
Rodríguez presentó cuatro declaraciones juradas de bienes, la primera al inicio de su función pública en agosto de 2012, como Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (Ceird); Y la segunda en septiembre del 2016 cuando asumió el cargo de Procurador General de la República.
Posteriormente, en octubre del 2016 realizó una actualización de datos y la cuarta cuando cesó en sus funciones el 11 de septiembre del año 2020.
El Ministerio Público explica que para la primera rendición el acusado presentó un total en efectivo de RD$680,000.00.
“Como podemos observar, el efectivo declarado por él mismo, ni siquiera llega a la suma de un millón de pesos cuando ingresó como funcionario”, resalta el MP.
De igual forma, indican que en el renglón de cuentas por cobrar Rodríguez declaró tres millones de pesos, bajo el concepto de compensación por antigüedad por la compañía Domicem S.A., sin embargo, ese dinero no fue ingresado al patrimonio del acusado, ya que, conforme a la información de esta compañía, obtenida por el MP, el acusado era deudor en dicha empresa por dos préstamos que esta le había facilitado.
Se suma a la lista de cuentas por cobrar la de la Sociedad Jean Alain Rodríguez S.R.L. (JAR y Asociados S.R.L.), actualmente compañía Jurinvest S.R.L., por la suma de RD$3,500,000.00, bajo el concepto de préstamo.
“Es decir, que éste como persona física le había hecho un préstamo a su propia compañía, de la cual el acusado es el accionista principal conjuntamente con su hermana”, se lee en el expediente, en que tambien subrayan que “el acusado llegó a la administración con el firme y decidido criterio de que el patrimonio público es para depredarlo y lo logró”, cita el MP, al tiempo que revela que “hoy sus bienes multiplican la aun falsa declaración jurada”.
“Criminal organizado”
Asimismo, en las más de 12,000 páginas que componen el expediente, Jean Alain figura como un “criminal organizado”, ya que, según señala la entidad, desplegó un conjunto de acciones criminales que puso en movimiento en el transcurso de su pasó por la administración pública.
Para el MP estas acciones evidencian la conducta delictiva de una persona que “no es un criminal circunstancial, sino uno organizado”.
Para la ejecución de la “misión y visión de lo que quería del Estado dominicano”, Jean Alain se valió del apoyo “sin condición” del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, de acuerdo con los argumentos de los fiscales.
Entre los beneficios que obtuvo de su cercanía con Medina, enumeran el poder, informaciones privilegiadas, mecanismos de investigación sofisticados, un “gran” presupuesto y una “millonaria” partida económica especial.
Camino a la presidencia
Por otro lado, la acumulación de riquezas del imputado y forjarse una carrera política llevó a Rodríguez a hacer “lo que tuviera que hacer”, apunta el documento, que también señala “caer en idear y materializar campañas sucias, en contra de los propios miembros de su partido, ya que entendía que en la medida que salían informaciones falsas o manipuladas de algunas personas a las que veía como posible competencia de sus aspiraciones políticas”, como alguna de esas acciones para lograr ser presidente de la República Dominicana, “al precio que fuera”.
En consecuencia, convirtió a la Procuraduría General de la República en un “bunker criminal” y la sede central de sus aspiraciones a la presidencia.
Sobre el particular el MP cuestionó que la Procuraduría General de la República “no puede ser un comando de campaña de ningún partido” y que los procesos penales “no deben depender del color del partido político al que pertenezca el investigado, la justicia tiene que aplicarse con estricto apego a los principios de igualdad entre las partes e igualdad ante la ley”.
Santo Domingo, RD De acuerdo a la acusación contra Jean Alain, el principal imputado en la operación Medusa, el Ministerio Público señala que se crearon un total de 18,000 cuentas falsas en redes sociales para inducir tendencias, hacer ataques a personalidades que ejercen su derecho a la libre expresión y defender a la figura del acusado ex procurador de la República. El documento cita que este equipo trabajaba para lo que se conoce como “vigilancia de la lista de los detractores” y organizaron un plan para seguir, hostigar, vigilar y de la misma manera atacar en las plataformas digitales a periodistas, líderes de opinión e influencers. “La lista de los detractores” como los integrantes del entramado le denominaron, estaba encabezada por los siguientes periodistas y comunicadores: Altagracia Salazar, Edith Febles, Marino Zapete, Patricia Solano, Sergio Carlo, Lucienne Carlo, Somos Pueblo, Huchi Lora, Laura Díaz, Daury Santana, Ricardo Nieves, Juan Bolívar Díaz, entre otros. A estos líderes de opinión e influencers se les montaba una vigilancia, campo de ataque, acoso en redes sociales y difamación. Estaba conformada por un equipo ubicado localmente en un bien incautado y se dedicaba a manipular las tendencias de favorabilidad hacia la figura del ex procurador, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez en las redes sociales. La Unidad de Bots era parte del departamento de “Campañas Sociales” y su estructura era compleja con varios equipos contratados. Se creaban cuentas falsas o “bots” que hacían comentarios positivos en torno al referido acusado y se criticaban o enfrentaban a los que consideraban detractores. Ese equipo también se encargaba de defender al Procurador de los que consideraba ataques sufridos.
Ellos interactuaban con las cuentas que criticaban al ex procurador, resaltaban los temas que consideraban positivos y así creaban falsas tendencias positivas.
Cuando había encuestas digitales el equipo tendía participar mediante las cuentas bots para mejorar la imagen de quien denominaban “El Prospecto”.
LO QUE HIZO CADA IMPUTADOS
Helenny Amparo helenny.amparo@listindiario.com Santo Domingo, RD Más de 12,000 páginas son las que registran los señalamientos, pruebas y argumentos del Ministerio Público contra 41 personas físicas y jurídicas y 22 empresas imputadas en el caso Medusa, que con el fin de “concertar estafar al Estado dominicano” se asociaron, de manera directa, en la Procuraduría General de la República (PGR), según establece el documento. Esta presunta coalición de funcionarios, habría realizado “maniobras fraudulentas”, para violar leyes en beneficio propio y del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, usando para ello vehículos societarios, personas de confianza, prestanombres y testaferros. Jean Alain Rodríguez En consecuencia, Jean Alain figura como el principal imputado y es señalado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por cometer acciones criminales en contra del patrimonio público, específicamente de los fondos asignados a la PGR, al asociarse con otros funcionarios públicos, contratistas y empresarios, para recibir “enormes” cantidades de dinero proveniente de sobornos. Asimismo, se le adjudican actos fraudulentos para perjudicar y desfalcar al Estado mediante el desvío de fondos que engrosaron su patrimonio y sirvieron para el financiamiento ilícito de campañas políticas. Jonnathan Rodríguez Imbert De su lado, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, quien era director administrativo y financiero de la PGR, es acusado de realizar maniobras fraudulentas para manipular los procesos de contrataciones y servicios solicitados por la Procuraduría. Por sus acciones ilícitas Rodríguez Imbert recibía beneficios económicos para sí mismo y la estructura criminal. Alfredo Solano Augusto Al igual que Rodríguez Imbert, el imputado Alfredo Alexander Solano Augusto también ostentaba cargos de relevancia en el área financiera de la PGR durante la administración de Jean Alain, subdirector del departamento, en su caso, y es descrito en el expediente como una pieza “esencial” de la esta estructura criminal. Según el informe jurídico, Solano Augusto, “persona de total confianza del coacusado Jean Alain”, se adjudicaba a sí mismo, por medio de terceros, contratos de bienes y servicios en la PGR. Altagracia Guillen En la lista de supuestos involucrados también figura Altagracia Guillen Calzado, una de las nueve mujeres del expediente, esta era una especie de intermediaria que presentaba personas a la estructura criminal para que fueran potenciales oferentes en los procesos de compra que se realizaban en la Procuraduría. Desde su posición de coordinadora del departamento administrativo y financiero facilitó el desarrollo de las estafas al erario desviando y apropiándose de materiales y fondos públicos para beneficio propio, señala el MP. Jenny Marte Peña En el caso de Jenny Marte Peña, quien era encargada de la Unidad Ejecutora del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario era, de acuerdo con la acusación, la responsable de ejercer presiones a los contratistas a fin de que estos pagaran los sobornos prometidos a la estructura corrupta. Para ello abultaba, incluso, las cubicaciones para poder obtener mayores beneficios. Javier Forteza Ibarra El grupo de acusados también está conformado por exempleados del departamento de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), como es el caso de Javier Antonio Forteza Ibarra, director del área. Era Forteza Ibarra el encargado de la parte operativa y tecnológica de la estructura criminal, quien a través del borrado, alteración de datos y sabotaje eliminaba “todas las huellas” de los hechos ilícitos cometidos por el entramado. Rafael Mercedes Marte Asimismo, el Ministerio Público imputa a Rafael Antonio Mercedes Marte, contador de profesión y sujeto obligado no financiero, por calcular, recoger, transportar, administrar y transferir el dinero del soborno cobrado en nombre de Jean Alain, Rodríguez Imbert, Solano Augusto, Guillén Calzado y Marte Peña, como parte del soborno para beneficio de la estructura y del Movimiento Político Renovación. Se le acusa, por tanto, de cometer actos de corrupción, soborno, prevaricación y lavado de activos. Miguel José Moya Respecto a Miguel José Moya, es descrito como otra de las personas de confianza del exprocurador y fungía como proveedor de servicios de la Procuraduría. Su función principal, de acuerdo con la acusación formal del caso, era elevar la imagen personal de Jean Alain Rodríguez y sus aspiraciones políticas. Para disfrazar su misión, José Moya realizaba jornadas de capacitación y desarrollo del personal de la Procuraduría, y con sus acciones estafó al Estado y participó en acciones propias del lavado de activos. Sara María Fernández José Moya es esposo de Sara María Fernández, con quien comparte presencia en el expediente, y junto a quien, presuntamente, actuó en complicidad para introducir facturas con contenido falso y así estafar las arcas del Estado. Braulio Batista Barias En tanto, los hechos que se le adjudican al también acusado Braulio Michael Batista Barias son la coalición para cometer actos de corrupción, haciendo uso, para su beneficio personal o de terceros de bienes muebles e inmuebles de lujo, secuestrados o incautados por la Procuraduría. Batista Barias, quien era supervisor de la Unidad de Bienes Incautados de la PGR, asignaba bienes bajo su custodia a personas claves de la estructura con el objetivo de ser utilizados en la campaña política y para beneficio personal, “todo esto sin autorización, incumpliendo los procedimientos y sin dejar registro”. Alejandro Rosa Llanes En las maniobras fraudulentas relacionadas a los bienes decomisados por la PGR también se señala a Alejandro Martín Rosa Llanes, quien dentro de sus supuestas funciones tenía la venta de lo decomisado, actividad que realizaba en violación a las disposiciones legales. Los bienes eran vendidos a personas vinculadas a la estructura, y para ello cometió actos de corrupción, soborno, prevaricación y estafa. Ramón Burgos Acosta El documento revela que varios de los acusados eran las principales autoridades de diferentes direcciones de la Procuraduría, como Ramón Lucrecio Burgos Acosta, del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos (Sinarec). Burgos Acosta, supuestamente, participaba en el movimiento político renovación y durante su coalición con el entramado incurrió en delitos de corrupción, soborno, prevaricación, lavado de activos. Johannatan Medina Reyes Los crímenes antes mencionados también recaen sobre Johannatan Loanders Medina Reyes, responsable de la “materialización de las maniobras fraudulentas” en los procesos de compra y contrataciones realizados por la Procuraduría. Su objetivo era beneficiar a las personas previamente seleccionadas y así garantizar la recepción de los sobornos. Isis Tapia Steffani Isis Tapia Steffani es otra de las imputadas y, según el MP, su rol era la ejecución de contratos ficticios, y como miembro del comité de compras aceptaba como ciertos hechos falsos y fraudulentos necesarios para la realización de los pagos a los suplidores y contratistas seleccionados de los procesos de compras amañados. De igual forma, la en ese momento encargada del departamento legal del área administrativa participó en la contratación de personal pagado por la Procuraduría pero que “nunca” prestaron servicios reales a la institución. Félix Rosario Labrada Félix Antonio Rosario Labrada fue otra de las piezas para las maniobras de manipular los procesos de contrataciones y servicios. Rosario Labrada fungía como encargado de la oficina de acceso a la información y era miembro del comité de compras. Mercedes Salcedo Disla y Carolina Pimentel En cuanto a las irregularidades en la recepción de alimentos y productos en los centros penitenciarios, Mercedes Camelia Salcedo Disla, coordinadora administrativa y financiera del nuevo modelo penitenciario, y Carolina Pimentel Bonifacio eran parte de la “estructura criminal” gestada allí. “Persona de total confianza de los coacusado Johannatan Loanders Medina Reyes y Jonnathan Joel Rodríguez, teniendo dentro de sus funciones las maniobras fraudulentas llevadas a cabo con el objetivo de beneficiar a un grupo de empresas, vinculadas todas de manera directa al coacusado Rolando Rafael Sebelen Torres, cuñado del también acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez”, plantea el MP sobre Salcedo Disla. Un argumento similar describe a Pimentel Bonifacio, quien tal como Salcedo Disla y otros del entramado, recibían de forma favorable productos de mala calidad en detrimento a la oferta inicial y al monto pagado por la Procuraduría para los centros penitenciarios. Se les acusa de la falsificación de sellos, firmas y conduces, entre otras acciones. Francis Ramírez Moreno Otro de los 41 acusados es Francis Ramírez Moreno, quien era analista de compras y se le atañe la falsificación y alteración de documentos. Rolando Rafael Sebelén Torres En cuanto a Rolando Rafael Sebelén Torres, mencionado previamente, se trata del cuñado de Jean Alai y valiéndose de esa relación, manipuló, junto a otros miembros de la estructura, los procesos de licitación para la adquisición de alimentos e insumos para las cárceles. Asimismo, se le responsabiliza de conformar y dirigir un entramado societario junto a los coacusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolas Rizik Pimentel, con el objetivo de estafar al Estado y contribuir con el enriquecimiento ilícito del entonces procurador. Juntos, manipularon procesos de compra, alteraron y falsificaron documentos, hicieron uso de documentos falsos, así como la falsificación de sellos, firmas y conduces, entregaron sobornos y lavaron dinero. José Miguel Estrada Jackson y César Nicolas Rizik Pimentel Los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolas Rizik Pimentel, son dos de los que también participaron en amañar los procesos de licitación para la adquisición de alimentos e insumos para las cárceles. En consecuencia, al igual que Sebelén Torres se involucraron en alterar procesos de compra, suministraron productos de menor calidad y cantidad de la contratada, alteraron y falsificaron documentos, hicieron uso de documentos falsos, así como la falsificación de otros.
El Ministerio Público asegura que el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez presionaba el cobro de una “comisión” de un contrato otorgado a una constructora porque supuestamente una parte tenía que mandarla a “la casa grande”, que era como, según el expediente del caso Medusa, el acusado le llamaba al Palacio Nacional.
Este episodio es descrito en la acusación del caso Medusa en la parte referente a un contrato para la construcción del lote 4 cuadrante D de la cárcel La Nueva Victoria otorgado a la Constructora Woxxen, S.R.L., con la cual el entramado de corrupción habría acordado el pago de una “comisión” a cambio de la adjudicación de la obra, según asegura la imputación.
“La negociación final fue que Francisco Humberto Pezzotti Grullón (representante de la Constructora Woxxen, S.R.L) debía entregar por la adjudicación de la obra un total de RD$ 138,000,000.00, a la estructura de corrupción que dirigía el acusado Jean Alain Rodríguez”, asegura.
Según el expediente, “Humberto Pezzotti Grullón establece al Ministerio Público que le era exigido el pago de la “comisión” como condición para poder cobrar la próxima cubicación de la obra (que ya le habían adjudicado y que se estaba levantando), sin importar que el presupuesto del proyecto no soportase tales egresos, sin embargo, se veía en la obligación de aceptar pues eran necesarios para que Jenny Marte le liberaran los pagos de las cubicaciones”.
RELACIONADAS
Pepca: Jean Alain Rodríguez recibió RD$163 millones en pagos irregulares por movimiento de tierra en Nueva Victoria
JUSTICIA
Pepca: Jean Alain Rodríguez recibió RD$163 millones en pagos irregulares por movimiento de tierra en Nueva Victoria
¿De qué se acusa a Jean Alain Rodríguez?
JUSTICIA
¿De qué se acusa a Jean Alain Rodríguez?
El Ministerio Público sostiene que luego de las elecciones presidenciales del 2020, y ante la derrota del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la intensidad de los cobros del dinero acordado, de parte de Jonnathan Rodríguez y Rafael Canó Sacco, hacia Francisco Humberto Pezzotti Grullón, se incrementó a niveles preocupantes y amenazadores, hasta el punto de que le exigían realizar los pagos con bienes personales o le referían que hipotecara para buscar el dinero, todo esto independiente de si se cubicaba o no.
“Unos días antes de que el entonces procurador general de la República Jean Alain Rodríguez saliera del cargo, junto a Rafael Canó Sacco, citan a Víctor Manuel Lora Imbert (presidente del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República) a su despacho y comienza a cuestionarle por el dinero que tiene pendiente por entregar la Constructora Woxxen S.R.L.; le comienzan a preguntar que por qué Pezzotti no ha saldado lo de la adenda y el contrato original, a lo que Víctor Lora le responde que: ellos no iban a pagar un centavo más porque con todo y adenda seguían en rojo con pérdidas millonarias”, sostiene la acusación.
Asegura el Ministerio Público que en ese momento Jean Alain Rodríguez procede a molestarse bastante y comenzó a gritarle a Lora Imbert, amenazándole, según el expediente, con las frases: “parecía que tú ni ellos saben con quién es que se están metiendo, y que ese dinero lo voy a recuperar de cualquier manera, a las buenas o a las malas, me voy a encargar de destruirlos a todos”.
“Luego Jean Alain Rodríguez le reitera a Lora Imbert que ese dinero tiene que pagarse, porque una parte, él tiene que mandarla a la casa grande, así es como Jean Alain Rodríguez le llamaba al Palacio Nacional”, dice la acusación.
Tras esa reunión, Lora Imbert se reunió con Pezzotti Grullón informándole lo ocurrido, “declarando Pezzotti al Ministerio Público que salió varias veces del país por temor a su seguridad”.
“Unos 5 meses después de la salida de Jean Alain Rodríguez Sánchez y Rafael Canó Sacco de la Procuraduría General de la República, invitan a Víctor Manuel Lora Imbert a conocer las oficinas nuevas de Jurisvent, S.R.L. En dicho lugar lo recibe Jean Alain, quien le saluda cobrándole el dinero de la Constructora Woxxen S.R.L. y le reitera que eso se tiene que resolver porque él tenía ese dinero abajo, porque él tuvo que poner de su dinero y pagar la parte de la casa grande”, asegura la acusación del caso Medusa.
El Ministerio Público concluye este episodio explicando que el contrato de la Constructora Woxxen S.R.L., con la Procuraduría General de la República terminó siendo por un monto de RD$ 788,514,697.49, es decir, RD$ 96,674,774.22 más que lo contratado, esto producto a dos adendas que tuvo lugar el referido contrato.
“Del contrato total, ha sido pagado a la fecha, por la Procuraduría General de la República, a la empresa Constructora Woxxen S.R.L., la cantidad de RD$ 764,402,677.79, restando la cantidad de RD$ 24,112,019.70, correspondiente a cubicaciones pendientes de realizar. De la referida cantidad pagada a la Constructora Woxxen S.R.L., fueron entregados como soborno, por intermedio de su socio mayoritario y gerente, el ingeniero Francisco Humberto Pezzotti Grullón, la cantidad de RD$ 83,000,000.00 a Jean Alain Rodríguez Sánchez y a Rafael Canó Sacco, a través de Víctor Manuel Lora Imbert y Rafael Mercedes”, asegura el Ministerio Público en el expediente Medusa.
El Ministerio Público asegura tener pruebas del uso de fondos del Estado dentro del movimiento político Renovación, “que era el proyecto político usado por el acusado Jean Alain Rodríguez para encausar sus aspiraciones presidenciales, empleando la Procuraduría General de la República como su trampolín público, así también cómo desde la dirección del CEI-RD”. Según el expediente del caso Medusa, Jean Alain Rodríguez formó una estructura política que luego traspasó a la Procuraduría General de la República, en el período 2016-2020. La acusación indica que para alcanzar el objetivo político Jean Alain Rodríguez utilizó las Fiscalías de los Distritos Judiciales de todo el territorio nacional e impuso en cada una de ellas dirigentes políticos de su entorno a quienes denominó “Enlaces Comunitarios”, y que eran pagados con fondos de la institución. Asegura que los “Enlaces Comunitarios”, estaban registrados en la nómina de la Procuraduría General de la República y sus trabajos políticos eran regulados desde la Dirección de Coordinación Institucional (departamento creado por Rodríguez a su llegada a la institución) que operaba en el mismo edificio de la Procuraduría General de la República, y que era supervisado directamente por el acusado. RELACIONADAS Pepca: Jean Alain Rodríguez recibió RD$163 millones en pagos irregulares por movimiento de tierra en Nueva Victoria JUSTICIA Pepca: Jean Alain Rodríguez recibió RD$163 millones en pagos irregulares por movimiento de tierra en Nueva Victoria ¿De qué se acusa a Jean Alain Rodríguez? JUSTICIA ¿De qué se acusa a Jean Alain Rodríguez? Entramado comunicacional “El acusado Jean Alain Rodríguez creó y desarrolló un entramado comunicacional, en el que existían múltiples estructuras de asesores de redes sociales y medios de comunicación para crear tendencias, elaboración de encuestas con fines políticos, y de exaltación de la imagen política del acusado, pagada con fondos de la institución”, establece. El Ministerio Público asegura que, bajo la dirección de Rodríguez y pagados con recursos del Estado, la estructura comunicacional empezó a operar bajo el nombre de Campañas Sociales, y se hizo la contratación de unos asesores españoles, cuya estrategia consistía en capitalizar la imagen del acusado como Procurador General de la República, utilizando el tema de la violencia de género como influencia escénica. “Así también se agregaron otros asesores, de nacionalidad mexicana quienes dirigían parte de los detractores comunicacionales en entornos digitales, conocidos como 'bots' y cuya tarea era la de confrontar y atacar cuentas que hacían referencia al acusado Jean Alain Rodríguez, en sus funciones de Procurador General de la República y posteriormente hacia su proyecto político con fines presidenciales”, indica el expediente. El Ministerio Público sostiene en la acusación que “el pago de los asesores mexicanos, era por la suma de ciento veinticinco mil dólares (USD$125,000.00) mensuales, y estos pagos los hacía en efectivo de manera personal, el acusado Jean Alain Rodríguez, sin dejar rastros para cubrir su intervención”. Renovación El expediente asegura que, dentro de las estructuras políticas creadas por Jean Alain Rodríguez, se encuentra la fundación del movimiento político Renovación. “El referido movimiento participa en las elecciones presidenciales de 2012, con una tímida estructura en vista de que para entonces el acusado no tenía acceso a un presupuesto público que financiera sus aspiraciones; en el 2012 el acusado utiliza el movimiento para apoyar la candidatura del licenciado Danilo Medina Sánchez y a cambio el acusado Jean Alain Rodríguez pidió y obtuvo su designación como y Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD)”, sostiene la acusación
Sergio Vargas tambien en Medusa
Ynmaculada Cruz Hierro
Santo Domingo, D.N.
El merenguero Sergio Vargas dijo que su verdad es más dura que el acero y que su filosofía ha sido no reñir con la Ley, ni ofender a Dios.
Así lo expuso al explicar el por qué su nombre aparece en el expediente acusatorio del caso Medusa, en donde se expone que ocupaba bienes que eran incautados por la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, entre ellos un local comercial y un apartamento en la ciudad capital.
Al ofrecer sus declaraciones al LISTÍN DIARIO, el artista reveló que desde hace cuatro años tiene un acuerdo con la Procuraduría a la que le presta su servicios de ofrecer conciertos en los recintos carcelarios, en donde se encuentran recluidos los menores de edad, en todo el país. A cambio Vargas aceptó la asignación de un bien inmueble en calidad de custodia, el cual se trata del Apartamento B-5, de 215.2 Metros, Piso Cinco, ubicado en la Torre Hariannet X, en la Avenida Caonabo, Distrito Nacional.
“Para estos conciertos, la Procuraduría solo da el permiso y la autorización en cuál recinto se va a realizar, y yo lo pongo todo. Si tuvieran que pagar tendría que pagar 500 mil pesos por cada presentación”, explicó.
Sobre este acuerdo, hasta el momento el merenguero solo ha ofrecido cinco conciertos antes de la pandemia y uno después de la pandemia del covid-19, lo que equivale a un costo de tres millones de pesos.
“Estas presentaciones a los privados de libertad, no solo las realizo en el país, también he cantado en las cárceles de Panamá y Colombia. Me he propuesto hacer estas actividades como una especie de ofrenda que me asigné en la vida”, dijo el artista, quien dejó claro que renovó el contrato con la actual administración de la Procuraduría.
El local comercial
Sobre el local comercial explicó que, durante las visitas realizadas a estos recintos, encontró decenas de jóvenes con talentos artísticos y con deseos de desarrollar sus proyectos musicales, por lo que se propuso ayudarles cuando ya estuvieran en libertad, con la grabación de temas musicales.
Según reveló es entonces que la Procuraduría le asigna el bien inmueble en calidad de custodia, el local comercial, Suite 14-A, Segundo Nivel, de la Plaza Fernández, ubicado en la Avenida Winston Churchill para la creación de un estudio de grabación, "el que sería utilizado para ayudar a los menores, ya en libertad, con inquietudes artísticas".
Expuso que el proyecto no prosperó debido a la llegada de la pandemia del Covid-19. En sus explicaciones el artista dijo que llegó a invertir en equipos para el estudio de grabación más de 44 mil dólares, además de que este bien inmueble lo había devuelto, y así consta en el expediente donde se demuestra que el mencionado local fue ocupado por última vez por el señor Sergio Pascual Vargas Parra, hasta octubre del año 2021.
El merenguero dijo no sentirse ofendido por las críticas que ha recibido, ya que asegura no haber delinquido con la ley.
DELATORES
Wanda Méndez Santo Domingo, RD En algunos casos de corrupción, el Ministerio Público ha estado abierto a negociar con imputados a cambio de sus delaciones, a fin de obtener informaciones que le permitan reunir más pruebas y fortalecer los expedientes. En búsqueda de informaciones valiosas, el Ministerio Público ha llegado a acuerdos con estas personas, dándoles un trato privilegiado, que va desde excluirlos del expediente y usarlos solo como testigos, o de solicitar una medida de coerción menos gravosa, que no sea la prisión preventiva. “Todo el que colabore con una investigación del Ministerio Público tendrá la seguridad que sea necesaria para garantizar su integridad física y las de sus familiares”, expresó en una ocasión el titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho. Uno de los nombres que ha tenido más notoriedad es el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, implicado en la red de corrupción desarticulada mediante la operación Coral, que tiene como principal acusado al mayor general Adán Cáceres, exjefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina. El exdirector financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística empezó a mostrar su interés de cooperar con el Ministerio Público desde las primeras audiencias de medida de coerción, en mayo del 2021, cuando admitió su implicación y advirtió que iba a decir toda la verdad sobre el entramado. Su nombre se popularizó tanto que en siguientes procesos se escuchaba alguna gente comparar a delatores con éste, refiriendo que tal persona era el “Girón” de ese nuevo caso que había sido sometido. Públicamente dijo cómo operaba la red. Señaló que le pidió borrar las nóminas de las instituciones que administraba y responsabilizó de algunos hechos a otros vinculados. Por esa colaboración de Girón, el ministerio público no pidió prisión preventiva en un centro de corrección, como hizo con los demás implicados, sino domiciliaria, la cual cumple en una residencia desconocida hasta el momento por razones de seguridad. El caso Medusa En la red de corrupción desmantelada en la operación Medusa sobresale como delatora Rainery Elizabeth Medina Sánchez, exencargada del departamento de Almacén de la Procuraduría en la pasada administración, que no figura entre los acusados. A esta mujer, la corte de apelación de Santo Domingo le varió la prisión preventiva por arresto domiciliario, al ser acusada de encabezar una banda que sustrajo televisores de la Procuraduría, cuando era encargada del área de almacén. El ministerio público no se opuso a la variación de la coerción, entre otras razones, porque se mantiene cooperando con el proceso. En una ocasión, el principal acusado en el caso Medusa, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, consideró que el proceso en su contra no sería más que una fábula inventada por la exempleada de la Procuraduría. La mujer admitió su participación a los fiscales en el entramado de corrupción, realizando entradas irreales de órdenes de producto incompletos, facturas adulteradas y en licitaciones amañadas, responsabilizando de estos ilícitos a otros implicados en el caso. Luego, cuando el Ministerio Público presentó la acusación y solicitud de apertura a juicio, la semana pasada, dejó fuera a uno de los que inicialmente figuraba, por su cooperación. Se trata del exjefe de Gabinete de la Procuraduría, Rafael Stefano Canó Sacco, quien no fue procesado judicialmente junto a los demás que se le conoció la medida de coerción porque logró salir del país y fue declarado prófugo. Después fue solicitada su extradición, pero no ha sido traído al país. Otro que cooperó, denunciando los sobornos y aportando evidencias fue el ingeniero Antón Casanova, quien tampoco aparece en el expediente, pero le atribuye las maniobras fraudulentas a Canó Sacco. En el caso Pulpo, que fue el primero desmantelado, a final del 2020, el Ministerio Público también ha contado con la cooperación de imputados, personas investigadas o mencionadas en el expediente, en el que figura como cabecilla Alexis Medina. En este incluso, varios investigados decidieron devolver dinero obtenido de forma ilícita. Tal es el caso de Wilfredo Arturo González Castillo y Bolívar Antonio Ventura Rodríguez. SEPA MÁS Legalidad La ley 76-02, que instituye el Código Procesal Penal, contempla el criterio de oportunidad, en el artículo 34, que otorga potestad al Ministerio Público para prescindir de la acción pública sobre uno o varios de los hechos atribuidos o de imputados. El artículo 281 establece las causales para disponer el archivo de un caso, incluyendo que las partes hayan conciliado y que se proceda aplicar un criterio de oportunidad, con lo cual se extingue la acción penal. El artículo 363, señala el procedimiento penal abreviado, que lo propone previo a que se ordene la apertura de juicio
PGR: Jean Alain Rodríguez pagó más de 28 millones de pesos en vuelos a familiares, amigos y asesores personales
Pastora e hijo
Listin Diario
Carolina Pichardo
Santo Domingo, RD
La pastora Rossanna Vianela Pimentel de Martínez, y su hijo César Nicolás Rizik Pimentel son mencionados en el expediente del caso Medusa, por supuestamente haber recibido millones de pesos por alimentos que serían enviados a las cárceles, pero no fueron entregados o estaban en estado de descomposición.
Vianela Pimentel, quien es pastora de Casa de Zión, descrito como “un ministerio para la familia”, era la propietaria de Comercial Viaros, SRL, empresa que se encargaba de “construcción y edificación, encofrado, realización de proyectos urbanísticos y asfaltado, venta de materiales de construcción en general”, detalla el Ministerio Público.
Las redes sociales de Casa de Zión, que no es mencionada en el expediente, tiene varias fotografías de la acusada así como videos de cultos religiosos en los que ella participa.
Mientras que su hijo, César Nicolás Rizik Pimentel, era el gerente de “Getrant del Caribe”, empresa que es mencionada en múltiples ocasiones en el expediente.
Las empresas representadas por madre e hijo están en la lista de diez entidades que supuestamente se lucraron por más de mil seiscientos millones de pesos.
En la lista que menciona a 23 personas, incluido el par, se indica que “entregaban en los distintos recintos penitenciarios alimentos incompletos, podridos, pestilentes, con gusanos, es decir, no aptos para el consumo humano, violentando la cadena de salubridad y conservación de la alimentación y poniendo en riesgo la salud de los internos de los recintos penitenciarios, la seguridad del personal al servicio de los centros de privación de libertad, y de los internos mismos”.
Acusaciones contra ambos
El nombre de César Nicolás Rizik Pimente es más mencionado que el de su madre.
El expediente indica que en las licitaciones para la “Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País”, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, a través de su cuñado el acusado Rolando Rafael Sebelén Torres conformaron un entramado societario dirigido a nivel operativo por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, “con la finalidad de apropiarse de casi la totalidad de las licitaciones de los alimentos”.
El documento indica que para tales fines crearon o adquirieron diez empresas, tales como Getrant del Caribe y Comercial Viaros.
Las empresas involucradas supuestamente “se apropiaron indebidamente de la mayor parte de los fondos públicos administrados por la Procuraduría, destinados a satisfacer de manera adecuada las necesidades de primer orden relativas a la alimentación y la salud de los más de 27,000 privados de libertad que se encuentran distribuidos en los 47 recintos penitenciarios del país, de los cuales 19 pertenecen al denominado modelo tradicional”.
Además, el expediente indica que entre “las maniobras fraudulentas” cometidas para estafar al Estado, “está la entrega de los productos contratados en presentaciones de menor cantidad y calidad a la que indica en el conduce que sustenta la factura pagada”.
Como salami, del que debían recibir 3.5 libras y que en su lugar solo enviaban 3 libras o menos. También facturaban una marca de calidad pero en realidad enviaban una por debajo de la contratada, “tornándose incomible y en ocasiones llegaba con gusanos, al igual que arroz”.
Lo mismo sucedía con el aceite que en vez de usar la marca Crisol, usaban una de menor calidad. Además, compraban media libra de plátanos y escogían los más pequeños.
“La sopita debía ser marca Maggie, sin embargo, entregaban sopita marca “Doña Nena”.
De acuerdo con el documento, la pastora y empresaria tenía una yipeta marcha Audi, que fue decomisada “por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos”.
Mientras que su hijo poseía una yipeta Toyota, y dos casas en el Distrito Catastral, en el Distrito Nacional..
kkkkk
Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD
El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez , realizó la contratación de personas para desempeñar “funciones ficticias o fantasmas” a cambio de la devolución del 85 % al 90 % de los salarios asignados para obtener de manera ilícita los fondos de pagar la estrategia comunicacional a través de cuentas falsas de ataque a periodistas, promoción y construcción de su imagen Presidencial.
De acuerdo al Ministerio Público en la acusación, parte de la estrategia comunicacional fue financiada con al menos RD$13,664,814.79, que salieron de la Procuraduría General bajo la modalidad de acción típica de coalición de funcionarios con los acusados Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y los ciudadanos Rafael Stefano Canó Sacco y Patricia Nathalie Elmudesi García.
Aduce que los fondos fueron sustraídos mediante el nombramiento de personas para que realizaran labores ficticias o fantasmas, fue posible debido a Elmudesi García, por instrucciones del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, y Cano Sacco.
Señala que captó a Yamilka Betances Placeres, Giselle Karina Mordan Miqui, Massiel Yolanda Olivo de Oleo, Laura Lorena Medina Burgos, Pedro Burgos, Victoria Eugenia Richarson Castillo, Hamilton Manuel Burgos Moreno y Juan Carlos Almonte Martínez, quienes, para esos fines le prestaron sus nombres para figurar en las nóminas de la Procuraduría General.
Esto a cambio de apropiarse de una proporción de los fondos que les depositaban y retornar la proporción restante. Una modalidad de distracción de fondo público que también se ha encontrado en otras operaciones de la que el Ministerio Público ha desplegado en contra del crimen organizado, específicamente en algunas de las operaciones contra la corrupción que se encuentran en la etapa intermedia del proceso.
Alega que es preciso establecer que esa cantidad es mucho mayor porque habían sumas de dinero en efectivo que entregaba el acusado Rafael Mercedes a la hoy testigo Patricia Elmúdesi, para los fines antes establecidos.
Entre las personas que eran parte del esquema de distracción mediante nómina se encuentran Juan Carlos Almonte Martínez, quien fue designado en la posición de control de alimentos, con un salario mensual de 50 mil pesos.
Hamilton Manuel Burgos Moreno, fue contratado, para que realizara la función (ficticia) de analista de sistema de seguridad de la información, devengando un salario mensual de RD$166,450.00. De forma tal que, entre el mes de agosto del 2018 y el mes de diciembre del 2019, la Procuraduría le transfirió más de 2 millones de pesos.
Victoria Richardson Castillo, quien fue contratada para desempeñar la función (ficticia) de Soporte Administrativo III. Por esas funciones, mensualmente la institución les deposita el salario ascendente a RD$83,225.00.
En total, entre el mes de junio del año del año del año 2016 y el mes de diciembre del año 2020, la Procuraduría le transfirió la suma RD $2,129,172.92, por la labor de realizar labores fantasmas o ficticias.
Asimismo, Laura Lorena Medina Burgos ingresó a la institución con la función ficticia de arquitecta, a quien se le asignó el salario mensual de ciento cuatro RD $104,947.00.
Entre el mes de julio del año del 2018, hasta diciembre del año 2019, la Procuraduría, le transfirió a Laura Lorena Medina Burgos, la suma total RD$1,749,116.67.
De igual forma sucedió con Massiel Yolanda Olivo De Oleo, quien ingresó a la institución con la función ficticia de arquitecta, devengando un salario de RD $104,947.00, los cuales percibió hasta el mes de mayo del 2020.
En consecuencia, la Procuraduría le transfirió a Massiel Yolanda Olivo De Oleo la suma total de RD$2,728,622.00. Por otra parte, Giselle Karina Mordan Miqui fue contratada por la Procuraduría para realizar la función ficticia de redactora creativa, con un salario de RD$101,111.11.
En total la Procuraduría le transfirió a Giselle Karina Mordan Miqui, la suma total de RD $3, 067,037.01. Mientras que Yamilka Betances Placeres fue contratada por la Procuraduría para ejercer la función de manejadora de redes sociales, devengando el salario de RD $72,222.22.
Entre marzo del año dos mil dieciocho (2018) y diciembre del año dos mil diecinueve (2019), en total la Procuraduría le transfirió a Yamilka Betances Placeres la suma RD $1,408,33.29. De igual forma ocurrió con la contratación de Pedro Manuel Burgos Peralta, a quien contrataron, para desempeñar la función ficticia de gestor de procesos administrativos, devengando la suma de RD$104,238.00. Razón por lo que, la Procuraduría les depositó RD$2,667,420.50, por realizar labores fantasmas o ficticias.
La contratación de esas personas se produjo bajo la condición de que, luego de ser contratados y estar en nómina sin trabajar, debían entregar a Patricia Nathalie Elmudesi García y Michell Denise Sánchez Tavares, entre el 80% al 95 % del salario asignado.
Fiesta
De acuerdo con el Ministerio Público, para la fiesta navideña celebrada a los empleados de la Procuraduría General de la República en el 2018, se fraccionaron los procesos de contratación y se pagó más de 15 millones de pesos a la empresa Productiva, SRL.
Conforme con la acusación del caso Medusa, de cuyo expediente está apoderado el juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el proceso se hizo evitando hacer la contratación de Licitación Pública Nacional, como indica la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Señala la acusación que otro ejemplo de los pagos realizados a la empresa Productiva, SRL por los acusados Jean Alain Rodríguez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, a través de las adjudicaciones por fraccionamientos, son los procesos por comparación de precios para la compra de suministros realizadas para la fiesta navideña de empleados de la Procuraduría en el 2019.
En esa ocasión la Procuraduría pagó en virtud de los cuales pagaron la suma de RD$16,827,761.00, sin llamado a Licitación Pública Nacional.
Aduce que la materialización de los procesos de adjudicación de obras de servicios, también contó con la partición del acusado Joannatan Loanders Medina Reyes, quien se encargaba de gestionar las órdenes de servicios para facilitar la ejecución del mismo y el cobro del dinero.
Señala que el acusado Joannatan Loanders Medina Reyes, entregaba a Productiva, SRL, los números de ordenes compras, sin la orden de servicios, para que fueran dando el servicio sin agotar el proceso de adjudicación, de esta forma recurrían en contratar el servicio de manera directa sin previamente hacer los procesos de compras y contrataciones, razón por la cual recurrían al fraccionamiento para utilizar las modalidades de compras menores y comparación de precios, siendo estas modalidades más vulnerables para alterar el proceso de compras para bienes y servicios.
Destaca que la relación de la empresa Productiva, SRL con la Procuraduría no se debió al buen o mal servicio que ofreció, sino a los vínculos directos que guarda con el ex procurador General Alain Rodríguez.
Esta firma estaba autorizada para desembolsar los pagos que la Procuraduría General le realizó a Productiva, SRL, convertir durante la gestión Jean Alain Rodríguez a Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, en proveedor privilegiado de la Procuraduría General de la República, a través de Productiva, SRL, supuso saltarse los procesos de compras y contrataciones, dar obras de servicios grado a grado.
Esto género deudas con la empresa Productiva, SRL, que no pudieron pagar a través de la institución de manera directa, sin embargo para honrar el compromiso con Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, el acusado Jean Alain, recurrió a través de su Coordinador de Gabinete, Rafael Stefano Canó Sacco y de Rafael Antonio Mercede Marte, a solicitar soborno a contratistas del Plan de Humanización para pagar la suma de RD$23,426,198.49 a Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, a través de su empresa PROCONS, S.R.L.
No hay comentarios:
Publicar un comentario