Santo Domingo.- El dirigente político Guido Gómez Mazara solicitó
este miércoles a la Procuraduría General de la República poner en
movimiento la acción pública para determinar si entre las 486 empresas,
los 57 clientes, 67 beneficiarios y 192 accionistas del caso conocido
como "papeles de Panamá" aparecen los nombres de políticos y
funcionarios dominicanos
que en los últimos 20 años han desempeñado
posiciones administrativas y no pueden justificar montos de dinero que
allí podrían aparecer.
El dirigente del PRD sostuvo que existen los instrumentos legales
para iniciar las averiguaciones de lugar, porque la Constitución en su
artículo 169, el Código Procesal Penal en el artículo 88 y la ley
orgánica del Ministerio Público en sus artículos 1 y 10, definen con
claridad las líneas a seguir procesalmente para llegar hasta las últimas
consecuencias y percatarse de cómo ciudadanos que no pueden justificar
operaciones financieras utilizaron su paso y/o ejercicio de poder para
un proceso de acumulación indecente.
Resaltó que el caso ha puesto en evidencia una altísima cantidad de
miembros de la clase política mundial que utilizaron el esquema
financiero panameño como receptor de dinero y ahora con el destape del
bufete panameño Mosack Fonseca están en el ojo ciudadano.
Gómez Mazara estableció que los requerimientos de transparencia
impulsados por sectores de la sociedad civil y dirigentes con sentido de
responsabilidad ética han ido ganado la batalla a los niveles de
complicidad y ocultamiento de conductas impúdicas que por años controlan
el poder político ejerciendo una enorme vocación para transferir fondos
públicos en bolsillos privados, sin ningún tipo de consecuencias en el
orden penal.
En ese mismo orden, recordó que tanto el blindaje judicial como la
existencia de un ministerio público y miembros del poder judicial
asociados a la tolerancia frente a los actos de corrupción tienen de
contrapeso a instancias que, similar al Consorcio Internacional de
Periodistas, están contribuyendo a que la ciudadanía abra los ojos y
comience a ejercer condenas ciudadanas respecto de sectores resistentes a
traducir a la acción de la justicia los actos de corrupción.
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